viernes, 16 de noviembre de 2012

PROYECTO DE EDUCACION DE 1842

UNA PROPUESTA APOCALÍPTICA PARA LAS ESCUELAS:
LA ENSEÑANZA LIBRE EN EL PROYECTO CONSTITUCIONAL DE 1842
MARÍA ISABEL VEGA MUYTOY




A manera de introducción
La ponencia que en esta ocasión se presenta, expone los resultados
preliminares de una investigación enmarcada dentro de la línea de Historia de la Educación
y que centra su interés en el debate historiográfico, ampliamente abordado por un
sinnúmero de especialistas, pero no por ello agotado, sobre la libre enseñanza en el siglo
XIX mexicano. Los estudios históricos realizados a lo largo de más de dieciséis años, han
permitido incursionar en diversos ámbitos de lo educativo, pero uno que siempre había
quedado en el tintero era el relativo a la libertad de enseñanza, pues aunque se hace
evidente que, es hasta la constitución de 1857 cuando se logró el primer gran triunfo en el
terreno de lo formal (lo jurídico), es claro, para cualquier historiador, que los avances en
esta materia, se fueron gestando y consolidando paulatinamente desde la introducción de
las reformas borbónicas en la Nueva España.
El estudio de este tema a lo largo de todo el siglo XIX, se torna intrincado y
nada fácil por la multiplicidad de facetas que cada periodo histórico tiene, amén del
problema de la dispersión de fuentes que pudieran dar claridad al proceso de laicización de
la enseñanza. Los conjeturas que aquí se exponen son pues, modestas, ya que sólo se
centran en el análisis del primer centralismo, periodo en el que, desde el particular punto de

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vista y con base en las fuentes primarias consultadas, se fraguó de manera clara, la primera
propuesta constitucional de libertad de enseñanza en México  
Pero, por qué elegir este periodo y no otro para tratar este tema? Porque por
casualidad, como suele suceder cuando de manera sistemática se consultan archivos
históricos, se tuvo la oportunidad de encontrar entre la folletería publicada por la iglesia
católica durante los años de 1842 a 1844,1 un interesante pronunciamiento en donde, el
Cabildo Eclesiástico de Guadalajara cuestionaba fervientemente el proyecto constitucional
de 1842, el cual según los postulantes, contenía preceptos contrarios a los principios
religiosos.2 Este hallazgo, no concordaba con algunas de las conjeturas previamente
conocidas y alguna vez discutidas con colegas sobre el laicismo educativo. La revisión de
otras fuentes no se postergó, porque al parecer, la defensa entablada por la iglesia católica
evidenciaba que, era la primera vez que el precepto de libertad de enseñanza se proponía
para formar parte de la ley suprema de la nación: La Constitución.3
De ahí que, este documento motivó a revisar los tres proyectos
constitucionales de 1842, las Bases Orgánicas de la República Mexicana; los debates
gestados en la Cámara entre los legisladores en torno al precepto en cuestión; así como la
prensa de ese momento. Las inquietudes fueron múltiples: conocer si en los tres proyectos
constitucionales aparecía tácita o expresamente ya expuesto el precepto y en qué términos,
quiénes integraron la comisión que lo postuló; cómo fue analizado en el Congreso y en qué
condiciones fue desechado; cómo fue redactado el texto final. También exponer cuál fue la
preocupación de la iglesia católica y; en qué términos fue apoyada por la sociedad civil.
Finalmente, poder deducir qué pretendió le constituyente del 42 al incorporar al proyecto
de ley ese precepto jurídico.

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 Con base en lo anterior, la investigación quedó estructurada en: exponer en
un primer momento, cómo había evolucionado el precepto de libertad de enseñanza; en un
segundo momento el analizar los proyectos de legislativo y el debate legal y social que
generó; posteriormente conocer a los actores sociales que intervinieron en el proceso
jurídico y social; y finalmente exponer mis reflexiones personales en torno al proceso.
 Algo importante es que, al intentar analizar el precepto de libertad de
enseñanza en ese contexto, se tuvo la necesidad de tocar otros preceptos que, relacionados
también con la garantía de libertad, eran determinantes para este estudio. De ahí que en el
desarrollo del segundo capítulo de la investigación, se profundizó sobre los fundamentos
que tuvieron los debates en torno a los preceptos de: libertad de culto, la libertad de opinión
y de imprenta, dada la vinculación que guardó con el de enseñanza.
 Dado el abordaje y análisis de los datos, la investigación se encuadra en una
investigación de corte histórico, en donde la historia social permitió el análisis de la
participación de los actores sociales involucrados en el debate. El análisis de la ley hubiese
sido insuficiente para dimensionar la trascendencia de este proceso poco conocido y tal vez
poco estudiado desde la mirada de la educación.
 Lo que a continuación se expone son tan sólo los resultados preliminares de
un trabajo prácticamente concluido y que por razones de espacio, impide la exposición en
extenso de todas las partes del trabajo, pero que en el marco de la exposición permitirá una
mayor fundamentación y por supuesto, el debate académico que permita la apertura de
nuevos análisis sobre el tema.

UN PROPUESTA JURÍDICA CON REPERCUSIONES SOCIALES

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El precepto de “libertad” ha sido uno de los que mayor polémica ha causado
a lo largo de la historia del hombre.4 En particular, la libertad de enseñanza, connotada de
manera más estricta dentro de aquélla, había sido ya esbozada, aun antes de que se lograra
la independencia, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la sociedad de antiguo
régimen en proceso de transición lo permitió. Por tanto, el precepto de libertad de
enseñanza, al parecer, tuvo sus raíces en este periodo, cuando el gobierno virreinal intentó
organizar la administración pública y disminuir los privilegios de los cuerpos corporativos
como el Ayuntamiento y el Cabildo Eclesiástico. El fundamento de esta política era el de
mejorar la economía, estimulando la industria y limitando la influencia de los gremios,5 los
cuales eran vistos como un obstáculo para el progreso técnico y el libre comercio. Los
postulados de los españoles Gaspar Melchor de Jovellanos y del Conde de Campomanes
cobraron gran importancia y controversia, pues ambos abogaban por la abolición gremial.
Estas ideas6 comenzaron a causar presión entre los diferentes gremios de la
Nueva España a partir de 1780; por lo que los maestros mayores de los diferentes gremios
comenzaron a considerar la necesidad de reformar sus ordenanzas. En particular el de
Maestros del Nobilísimo Arte de Primeras Letras, comenzó en 1782 a proponer reformas a
ellas. Para 1786, el Ayuntamiento de la ciudad de México, influenciado por el caos social
que prevalecía (peste y hambre) y por la idea de que la educación iba a mejorar las
costumbres y a hacer más industriosos a los pobres, promovió la fundación de escuelas pías
y de dos escuelas municipales gratuitas.7 Estas acciones e ideas fueron trastocando los
intereses de los gremios y labrando en camino hacia el liberalismo. En lo educativo, hacia
la configuración de la enseñanza libre...

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Los avances fueron lentos pero continuos; primero se abolieron los gremios,
después se dio la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera abrir establecimientos de
instrucción, siempre y cuando acreditase el ser católico, de buenas costumbres y que
observara las directrices de policía y buen gobierno. En cuanto a los conocimientos y el
método de enseñanza, éste hasta la década de los cuarentas fue relativamente libre.8
Parece evidente que, el interés del gobierno por incluir el término de libertad
de enseñanza en los proyectos educativos, reglamentos y leyes locales, fue siempre el de
facilitar la difusión de la ilustración al mayor número de personas, pues estaba convencido
que, sólo con las luces, la sociedad y el Estado avanzarían firmemente hacia el progreso. Al
parecer, en los primeros años de vida independiente, la sociedad en general y la Iglesia
jamás vincularon el término de libertad de enseñanza con el de libertad de culto. Ni siquiera
en la controvertida Reforma educativa decretada el 23 de octubre de 1833, bajo el gobierno
de Valentín Gómez Farías, tuvo importancia para este tema, pues en ella se tocó en el
artículo 25, lo relativo a la libertad de enseñanza, al decir que:

“En uso de esta libertad puede toda persona a quien las leyes no se lo
prohíban, abrir una escuela pública del ramo que quisiese, dando aviso
precisamente á la autoridad local, y sujetándose en la enseñanza de doctrina,
en los puntos de policía y en el orden moral de la educación a los reglamentos
generales que se dieren sobre la materia”.9

El precepto de libertad de enseñanza aquí enmarcado, entrañaba tres
aspectos fundamentales según Tanck:
• Suprimir los estorbos gremiales o burocráticos al libre ejercicio de la profesión de
maestro;
• Permitir a los maestros particulares libertad en el régimen interno de sus escuelas; y
• Desterrar el monopolio estatal del gobierno como único dispensador de enseñanza.10

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Como puede observarse, la declaración de libre enseñanza en ningún
momento intentó eliminar la enseñanza religiosa. Las reformas estaban orientadas en el
sentido arriba expresado. La Constitución centralista tampoco tocó el tema de la religión en
las escuelas. Estaba sobre entendido que el Estado mexicano era una nación católica por
excelencia y eso no estaba a discusión. La libertad de enseñanza era concebida hasta ese
momento en términos muy diferentes a los que se vislumbraron en 1842.
En el marco de la primera república central, a seis años de haber entrado en vigor la
Constitución centralista de 1836,11 y bajo el gobierno de Santa Anna, fue publicada la
convocatoria para el Constituyente.12 Las elecciones favorecieron a los liberales, cuya
mayoría estaba representada por moderados,13 quienes por vez primera postularon el
precepto de “libertad de enseñanza” para la Carta Magna, el cual fue declarado sin lugar
por falta de mayoría de votos.14
En octubre de ese 1842, Nicolás Bravo asumió la presidencia y fue bajo su mandato
que se presentó un nuevo Proyecto de Constitución, el cual causó gran expectación en la
opinión conservadora y en la prensa, pues introdujo preceptos que atentaban contra el
dogma y la moral. El ataque a este último proyecto fue múltiple: desde la Iglesia y la
opinión pública. Hasta el gobierno, a través de sus funcionarios, tomó partido en el debate.
Así, por ejemplo, el ministro de guerra, general José María Tornel y Mendívil en el circular
que envió a los comandantes generales el 19 de noviembre, expresó abiertamente su
inconformidad con la obra del proyecto, al comunicar que:

“... el proyecto de Constitución era un código de anarquía; que con el
manto del progreso se aceleraba en él la destrucción de la sociedad, y
conduciría al triunfo de la cruel e intolerable demagogia de 1828 y 1833”.15

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Es probable que el problema no residió en los preceptos del artículo 13°,
fracción VI, pues desde el particular punto de vista, no atentaba de manera radical contra el
dogma católico, pues la nación se había declarado siempre como protectora de ese credo.
Sin embargo, al conjugar este precepto con el artículo 31°, el cual incluía en su texto la
noción de que no admitía el “...ejercicio público de ninguna otra [religión],” quedaba
expresamente planteada que la libertad de enseñanza podía incluir la de la enseñanza de
otro dogma. Además, esta situación era más grave al vincularse con el contenido de las
fracciones IX y X, del artículo 13°, las cuales establecían la libertad de opinión y de
imprenta. En estos términos, la ley desprotegía, según la Iglesia, totalmente el dogma
católico.
Parece ser, que lo que más preocupó a la iglesia católica y a los
conservadores fue el hecho de que, desde la escuela, se formarían los futuros ciudadanos al
margen de los “supremos principios cristianos”, conduciendo a la niñez por el mal camino,
por el proselitismo.
La actitud de la Iglesia denotaba miedo de ser destronada. Las
argumentaciones que depuso, tuvieron la intención de imprimir en la opinión pública la
idea de que las naciones que se habían abierto la puerta a las sectas protestantes se habían
corrompido y estaban irremediablemente perdidas.
Finalmente la presión que ejerció el gobierno, la opinión pública y la Iglesia
dieron frutos pues de los debates gestados en el Congreso emanaron preceptos más
moderados. Sin embargo, ninguno de estos proyectos pasó a formar parte del Derecho
vigente, esto es, nunca se convirtieron en norma positiva.16

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La ley suprema que rigió la vida de México de 1843 a 1846 llevó por
nombre Bases Orgánicas de la República Mexicana y fue sancionada por Santa Anna el 12
de junio de 1843.17 En ella no quedó contemplada la libertad de enseñanza, ni la de culto y
sólo la de imprenta y opinión se preservó, con la salvedad de no atentar contra “el dogma
religioso o las sagradas escrituras”.18
Al parecer, la sociedad no estaba todavía en condiciones de asimilar una
propuesta que, sin ser radical, sí había impactado las concepciones conservadoras de la
sociedad de aquel momento. Es evidente también que existía un temor latente, tanto en la
sociedad civil como en la Iglesia por lo que traería la aceptación abierta de otro credo,
definitivamente desconocido, pero que poco a poco había iniciado su infiltración a través
de los extranjeros que habían venido a radicar a tierras mexicanas y que, sin lugar a dudas,
requerían de reconocimiento legal, que la ley, al menos por ese momento, no les otorgó y
que sólo se alcanzaría teóricamente quince años más tarde.
Las conjeturas expresadas son sólo parte de un proceso de reflexión al que
todos los educadores en ejercicio están invitados a participar, a fin de poder comprender el
por qué de las diversas crisis políticas y sociales en donde estuvieron inmiscuidos los
intereses de la Iglesia.19 Los temas de análisis y las posiciones pueden ser múltiples y
dependerán de los intereses de los posibles investigadores interesados. Ellos, permitirán
redimensionar lo que la participación la Iglesia vs Estado gestaron para el pueblo mexicano
a lo largo de su historia. 


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Bibliografía
CABILDO DE GUADALAJARA. Observaciones que hace el venerable Cabildo de Guadalajara
al soberano Congreso Constituyente sobre el Proyecto de Constitución,
Guadalajara, Imprenta de Gobierno, 1842.
Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. Vols. I, II y III, México,
Porrúa, 1995.
DUBLÁN, Manuel y Lozano, José María. La legislación mexicana o colección completa de
las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República,
Vols. I, II, III y IV, México, Edición Oficial, 1876-1904.
MATEOS, Juan A. Historia Parlamentaria de los Congresos Mexicanos. Sesiones de la
Cámara de Diputados del Congreso de 1842, Tomo XIV, México, Imprenta del “El
Partido Liberal”, 1893.
NEDER, Ana María. Guía del Archivo Histórico de la Provincia de San Alberto de los
Carmelitas Descalzos en México, México, CONDUMEX, 1998.
NORIEGA Elío, Cecilia. El Constituyente de 1842, México, UNAM, 1986.
RODRÍGUEZ de San Miguel, Juan. Discurso pronunciado... contra el Proyecto de
Constitución en su discusión general, México, El siglo Diez y Nueve, Viernes 25 de
noviembre de 1842.
TALAVERA, Abraham. Liberalismo y Educación, 104, México, SepSetentas, 1973
TANCK de Estrada, Dorothy. La educación ilustrada, 1786-1836, México, COLMEX, 1977.
TENA Ramírez, Felipe. Leyes Fundamentales de México, 1808-1964, México, Porrúa, 1964.


                                                


1 Entre los que se encuentran evidencias sobre: Bienes del clero; posiciones sobre la
política; misas, autos, recordatorios y necrologías, colegios y la presentación de problemas diversos
enfrentados.
2 Cabildo de Guadalajara, 1842, p.3.
3 Cuando se analizan los principios borbónicos y después la Constitución de Cádiz, se
encuentran evidencias claras de los avances del Estado por restarle poder a la iglesia católica en varios rubros.
En el México independiente, esta situación prevalece y lo educativo pareciera no tocarse, pero como se
detecta a lo largo de la investigación, desde los primeros años de la tercera década del siglo XIX, existen
evidencias de la introducción de ideas relacionadas a la libertad de enseñanza, postuladas en reglamentos,

10
                                                                                                                                                    


proyectos de ley y  leyes estatales y federales. El precepto al parecer fue evolucionando hasta asumir, desde el
particular punto de vista, su interpretación más radical en el artículo 3° de la Carta Magna de 1857.
4 El debate en cuanto a qué debe entenderse por ella, cuáles son sus límites, en qué
momento puede producir daño, etc., sigue siendo aún hoy en día motivo de enfrentamientos.
5 Los Gremios en la Nueva España desde el siglo XVII estuvieron debidamente regulados.
Esta regulación se volvió más estricta en 1752 y 1760, cuando quedaron establecidas las obligaciones de
Profesiones y Oficios y las Restricciones para el ejercicio. AHDF. Artesanos y Gremios, Vol. 383,
Expedientes 6 y 7.
6 Las ideas ilustradas de individualismo, competitividad y progreso adquirieron prestigio
frente a la tradicional sociedad corporativa de grupos privilegiados.
7 TANCK de Estrada, Dorothy, 1984, p.16.
8 El 26 de octubre de 1842, se decretó que el método de enseñanza para las escuelas de
primeras letras sería el mutuo y simultáneo.
9 DUBLÁN, Manuel y LOZANO, José María, 1904, Vol. II, p.571.
10 TANCK de Estrada, Dorothy, 1984, p.243
11 Mejor conocida como Siete Leyes
12 El 10 de diciembre de 1841. TENA Ramírez, Felipe, 1964, p.304.
13 La comisión encargada de redactar el Proyecto de Constitución estuvo a cargo de Antonio
Díaz Guzmán, Joaquín Ladrón de Guevara, José Fernando Ramírez, Pedro Ramírez, Juan José Espinosa de
los Monteros, Mariano Otero y Octaviano Muñoz Ledo.
14 Fueron 41 contra 35 votos.
15 Citado por Felipe Tena en la introducción que realiza a los proyectos de constitución de
1842.
16 La norma positiva es aquella que tuvo vigencia y observancia en algún momento
histórico.
17 TENA Ramírez, Felipe, 1964, pp.403-436.
18 ÍBID, P.407. Algo interesante es que de los 175 diputados que participaron en el
Constituyente de 1842, solo 26 fueron elementos de la Junta de Notables de 1843.
19 Por ejemplo, la crisis política que enmarcó la promulgación de la Constitución de 1857,
las leyes de Reforma, el movimiento Cristero, las múltiples resistencias que ha presentado la Iglesia Católica
a diversas reformas educativas presentada a lo largo del siglo XX, por mencionar sólo algunas.

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