viernes, 16 de noviembre de 2012

CONSTITUCIÓN DE 1857

Los hombres que participaron en el gobierno emanado de la revolución de Ayutla pertenecían a una nueva generación que buscaba cortar de tajo con cualquier indicio del viejo régimen colonial. Anhelaban implantar instituciones modernas, representadas en un sistema republicano y democrático en donde la libertad y el derecho a la propiedad, al trabajo y a la empresa fueran las vías que llevaran al progreso.
Luego del triunfo de la revolución de Ayutla, Juan Alvarez fue designado presidente interino y ocupó este puesto del 4 de octubre al 11 de diciembre de 1855. Su gestión, aunque muy breve, fue importantísima para el desarrollo ulterior de los acontecimientos, ya que inició de hecho la reforma liberal.
Durante su gestión se presentó la convocatoria para un nuevo Congreso Constituyente el cual debería iniciar sus actividades en febrero de 1856. También se dio a conocer la famosa Ley Juárez o Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito Federal y Territorios, la cual suprimió todos los tribunales especiales, menos los eclesiásticos y militares, que cesarían en adelante de conocer de los delitos civiles. La postura radical del gobierno de Alvarez no agradó a todos aquellos que vieron en las reformas una amenaza a sus intereses. La presión al gobierno se desató las circunstancias obligaron al presidente a renunciar. Fue sustituido por Ignacio Comonfort quien de inmediato trató en vano de matizar el empuje liberal.
Mientras el Congreso deliberada sobre los artículos que debían tener la Constitución, Comofort gobernó bajo las bases del Estatuto Orgánico Provisional de tono moderado en sus principios. No obstante, el ímpetu reformista siguió su marcha. El 26 de abril de 1856 se promulgó un decreto que suprimió la coacción civil para el cumplimiento de los votos monásticos y más adelante se acabó con la obligatoriedad del pago de diezmo.
El 28 de diciembre de 1855, se dio la Ley Lafragua que concedía de nueva cuenta la libertad de imprenta, suprimida por la Ley Lares que emitió el gobierno santannista . El 25 de junio de 1856 se conoció la Ley Lerdo o Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas. Ambas serían discutidas dentro del Congreso y ratificadas y aprobadas en todas sus partes para incorporarse al texto constitucional del 57 .
El Congreso inició sus sesiones el 18 de febrero de 1856. En las tribunas parlamentaria denominó el grupo de liberales radicales partidarios de elaborar otro texto que permitiera romper definitivamente con el orden heredado de la Colonia.
Las sesiones del Congreso se llevaron a cabo desde el 4 de febrero de 1856. Las diversas comisiones trabajaron intensamente y se presentaron acaloradas discusiones partidistas, dado que estaban constituidas por miembros moderados y radicales que se empeñaban en mantener sus puntos de vista y tratarlos de consignar en la futura constitución.
Los legisladores extremistas como Isidoro Olvera, José María Castillo Velasco y Ponciano Arriaga pronunciaran sus famosos votos particulares en los que exponían sus proyectos de ley que encerraban planteamientos de índole social. Olvera se manifestó partidario de la existencia del Senado, de la libertad de cultos y propuso una nueva distribución territorial al señalar que la tierra que debería pertenecer a todos los hombres. Por su parte, el voto de Castillo Velasco también se refería a la propiedad territorial con mención de su injusta distribución, y se mostraba partidario del aumento de propietarios y de otorgar soberanía a los municipios. Pero sin duda el voto de Ponciano Arriaga fue el más radical en sus propuestas. Ante la situación real del campesino en especial del indígena, pugnaba por la justa repartición de la propiedad territorial. Destacada en su postura un análisis cómo el campesino se encontraba en condiciones de franca miseria y explotación y hace reflexiones en torno a una situación que desafortunadamente se iría haciendo más crítica con todos los años.
Sin embargo, estos votos y otras propuestas también novedosas no fueron incorporadas a la Carta Magna del 57, por considerarse, en ese momento, demasiado radicales.
El 16 de junio de 1857 se presentó en Cámara el proyecto de Constitución elaborado por Ponciano Arriaga, León Guzmán, Mariano Yáñez, José María de Castillo, José María de Castillo Velasco, José María Mota y Pedro Escudero y Echánove. Tras su discusión, la Constitución de 1857 quedó integrada por 8 títulos y 120 artículos que garantizaba los derechos del hombre; la soberanía nacional; dividía los poderes de la nación en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde se depositaba el Poder Legislativo en el Congreso de la Unión que sería constituido por una sola cámara, la de diputados; el Poder Judicial se integraría por tres departamentos: la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito y de distrito. Con respecto a los estados exige que adopten en su interior el régimen republicano, representativo y popular, con una serie de restricciones que limiten la soberanía estatal e impidan la disolución de la federación; se suprimen las alcabalas y las aduanas interiores, medidas éstas conducentes al fortalecimiento de la unión nacional. Esta Constitución fijaría la posibilidad de reformas posteriores en beneficio del bien común y como medidas de adecuación a la realidad imperante. La Constitución de 1857 se convirtió en la máxima ley que regiría sobre los destinos del país; ninguna otra ley podría estar por encima de ella.

BASES ORGANICAS DE 1843

En los años treinta, el cambio en el rumbo de la política de Antonio López de Santa Anna traería resultados funestos para la República. En efecto, Santa Anna que debió haber defendido las reformas liberales impulsadas en el breve periodo de gobierno de Gómez Farías, por el contrario, se declaró a favor del partido conservador. Santa Anna deroga la legislación reformista impulsada por Don Valentín Gómez Farías, produciendo un grave retroceso al conservadurismo, al mismo tiempo se asestaba un duro golpe al federalismo. México adoptaría la estructura de una República Central sustentada en el complejo legislativo conocido como las Siete Leyes o las Leyes Constitucionales de 1836.
Con el objeto de convocar a un nuevo Congreso y elegir un presidente provisional, en el mes de septiembre de 1841, López de Santa Anna declara las Bases de Tacubaya. Como resultado de las elecciones de diputados que se efectuaron en abril de 1842, el pueblo eligió a un importante número de representantes de tendencia liberal, en su mayoría interesados en regresar al régimen federalista. Los diputados liberales presentaron su proyecto de constitución federal en un ambiente casi de linchamiento político en su contra, sobre todo por parte de la prensa conservadora, la iniciativa pasaría a la historia sin pena ni gloria. En 1843, durante el gobierno dictatorial de Antonio López de Santa Anna, se nombró la Junta Nacional Legislativa que sancionaría una nueva carta constitucional bajo el título de Bases de Organización Política de la República Mexicana.

El 7 de Enero de 1843, la Junta nombró la Comisión de Bases Constitucionales que se compondría de nueve individuos, esta comisión fue facultada para presentar para su deliberación los fundamentos del proyecto constitucional. El 20 de Marzo se dio primera lectura al proyecto de Bases de Organización para la República Mexicana presentado por la Comisión, la segunda lectura se daría el 8 de Abril, en la misma sesión y sin gran discusión se aprobó en lo general y de inmediato se procedió a la discusión en lo particular.

La nueva Constitución preserva buena parte de los logros legislativos impulsados por los liberales, entre otros: la abolición de todo tipo de esclavitud; la libertad de imprenta y de opinión; la seguridad personal, y la inviolabilidad de la propiedad y el domicilio, más que por causa de pública utilidad. No obstante, esta Constitución continuó el proyecto centralista y conservador de las Siete Leyes de 1833, e incluso fue más allá al instituir un desmesurado derecho de veto a favor del Poder Ejecutivo. Las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843 tuvieron vigencia hasta 1846, apenas un poco más de tres años, durante la gestión del Presidente José Joaquín Herrera y comienzo de la guerra contra la intervención norteamericana. Ante la inoperatividad de la Carta de 1833 y la de 1843, en plena guerra con los EUA, se opto por restituir la Constitución de 1824 y adjuntándole un Acta Constitutiva y de Reformas.

Las Bases de Organización Política de la República Mexicana del 14 de junio de 1843, tienen como antecedente legislativos a las Siete Leyes Constitucionales de 1836; la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824; el Acta Constitutiva de la Federación aprobada por el segundo Congreso Constituyente el 31 de enero de 1824; el Decreto Constitucional para la América de 1814, mejor conocido bajo el nombre de Constitución de Apatzingán; los Sentimientos de la Nación de 1913; los Elementos Constitucionales (1811) de la Junta de Zitácuaro; y de cierta forma la Constitución de Cádiz o Constitución Política de la Monarquía Española de 1812.

La Junta, en su proyecto de Bases de Organización, sostiene que la Nación Mexicana es independiente, libre y soberana, adoptando un gobierno interior en la forma de República representativa y popular; que su territorio comprendía lo que había sido el Virreinato de la Nueva España, Capitanía General de Yucatán, las Comandancias de las provincias internas de Oriente y Occidente, la Baja y Alta California y los Chiapas; mantiene la división política en Departamentos; elimina el principio de soberanía popular, en su lugar afirma que “la suma de todo el poder público reside en la nación”; consolida la división del poder en ejecutivo, legislativo y judicial; ratifica su profesión católica, apostólica y romana con exclusión de cualquier otra; continua la abolición de la esclavitud “ninguno es esclavo en el territorio de la nación, y el que se introduzca, se considerará en la clase libre, quedando bajo la protección de las leyes”; mantiene los derechos fundamentales a la propiedad, la libertad de opinión, de equidad ante la ley, la inviolabilidad del domicilio y el libre tránsito; ratifica la existencia de un Congreso dividido en dos Cámaras; deposita el supremo poder ejecutivo en un magistrado al que denomina Presidente de la República con una duración de cinco años; presenta un avance en materia de seguridad social, al instruir al ejecutivo para “dar jubilaciones y retiros, conceder licencias y pensiones, con arreglo a lo que dispongan las leyes” así como “cuidar de la salubridad pública y reglamentar la conveniente para conservarla; aumenta de manera notable las atribuciones generales del ejecutivo, particularmente en el campo legislativo; instituye las Asambleas departamentales con un número que no pase de 8 vocales ni baje de siete, persiste en anular a los Congresos locales, preservando a los gobernadores departamentales que serían nombrados por el presidente de la república...

PROYECTO DE EDUCACION DE 1842

UNA PROPUESTA APOCALÍPTICA PARA LAS ESCUELAS:
LA ENSEÑANZA LIBRE EN EL PROYECTO CONSTITUCIONAL DE 1842
MARÍA ISABEL VEGA MUYTOY




A manera de introducción
La ponencia que en esta ocasión se presenta, expone los resultados
preliminares de una investigación enmarcada dentro de la línea de Historia de la Educación
y que centra su interés en el debate historiográfico, ampliamente abordado por un
sinnúmero de especialistas, pero no por ello agotado, sobre la libre enseñanza en el siglo
XIX mexicano. Los estudios históricos realizados a lo largo de más de dieciséis años, han
permitido incursionar en diversos ámbitos de lo educativo, pero uno que siempre había
quedado en el tintero era el relativo a la libertad de enseñanza, pues aunque se hace
evidente que, es hasta la constitución de 1857 cuando se logró el primer gran triunfo en el
terreno de lo formal (lo jurídico), es claro, para cualquier historiador, que los avances en
esta materia, se fueron gestando y consolidando paulatinamente desde la introducción de
las reformas borbónicas en la Nueva España.
El estudio de este tema a lo largo de todo el siglo XIX, se torna intrincado y
nada fácil por la multiplicidad de facetas que cada periodo histórico tiene, amén del
problema de la dispersión de fuentes que pudieran dar claridad al proceso de laicización de
la enseñanza. Los conjeturas que aquí se exponen son pues, modestas, ya que sólo se
centran en el análisis del primer centralismo, periodo en el que, desde el particular punto de

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vista y con base en las fuentes primarias consultadas, se fraguó de manera clara, la primera
propuesta constitucional de libertad de enseñanza en México  
Pero, por qué elegir este periodo y no otro para tratar este tema? Porque por
casualidad, como suele suceder cuando de manera sistemática se consultan archivos
históricos, se tuvo la oportunidad de encontrar entre la folletería publicada por la iglesia
católica durante los años de 1842 a 1844,1 un interesante pronunciamiento en donde, el
Cabildo Eclesiástico de Guadalajara cuestionaba fervientemente el proyecto constitucional
de 1842, el cual según los postulantes, contenía preceptos contrarios a los principios
religiosos.2 Este hallazgo, no concordaba con algunas de las conjeturas previamente
conocidas y alguna vez discutidas con colegas sobre el laicismo educativo. La revisión de
otras fuentes no se postergó, porque al parecer, la defensa entablada por la iglesia católica
evidenciaba que, era la primera vez que el precepto de libertad de enseñanza se proponía
para formar parte de la ley suprema de la nación: La Constitución.3
De ahí que, este documento motivó a revisar los tres proyectos
constitucionales de 1842, las Bases Orgánicas de la República Mexicana; los debates
gestados en la Cámara entre los legisladores en torno al precepto en cuestión; así como la
prensa de ese momento. Las inquietudes fueron múltiples: conocer si en los tres proyectos
constitucionales aparecía tácita o expresamente ya expuesto el precepto y en qué términos,
quiénes integraron la comisión que lo postuló; cómo fue analizado en el Congreso y en qué
condiciones fue desechado; cómo fue redactado el texto final. También exponer cuál fue la
preocupación de la iglesia católica y; en qué términos fue apoyada por la sociedad civil.
Finalmente, poder deducir qué pretendió le constituyente del 42 al incorporar al proyecto
de ley ese precepto jurídico.

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 Con base en lo anterior, la investigación quedó estructurada en: exponer en
un primer momento, cómo había evolucionado el precepto de libertad de enseñanza; en un
segundo momento el analizar los proyectos de legislativo y el debate legal y social que
generó; posteriormente conocer a los actores sociales que intervinieron en el proceso
jurídico y social; y finalmente exponer mis reflexiones personales en torno al proceso.
 Algo importante es que, al intentar analizar el precepto de libertad de
enseñanza en ese contexto, se tuvo la necesidad de tocar otros preceptos que, relacionados
también con la garantía de libertad, eran determinantes para este estudio. De ahí que en el
desarrollo del segundo capítulo de la investigación, se profundizó sobre los fundamentos
que tuvieron los debates en torno a los preceptos de: libertad de culto, la libertad de opinión
y de imprenta, dada la vinculación que guardó con el de enseñanza.
 Dado el abordaje y análisis de los datos, la investigación se encuadra en una
investigación de corte histórico, en donde la historia social permitió el análisis de la
participación de los actores sociales involucrados en el debate. El análisis de la ley hubiese
sido insuficiente para dimensionar la trascendencia de este proceso poco conocido y tal vez
poco estudiado desde la mirada de la educación.
 Lo que a continuación se expone son tan sólo los resultados preliminares de
un trabajo prácticamente concluido y que por razones de espacio, impide la exposición en
extenso de todas las partes del trabajo, pero que en el marco de la exposición permitirá una
mayor fundamentación y por supuesto, el debate académico que permita la apertura de
nuevos análisis sobre el tema.

UN PROPUESTA JURÍDICA CON REPERCUSIONES SOCIALES

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El precepto de “libertad” ha sido uno de los que mayor polémica ha causado
a lo largo de la historia del hombre.4 En particular, la libertad de enseñanza, connotada de
manera más estricta dentro de aquélla, había sido ya esbozada, aun antes de que se lograra
la independencia, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la sociedad de antiguo
régimen en proceso de transición lo permitió. Por tanto, el precepto de libertad de
enseñanza, al parecer, tuvo sus raíces en este periodo, cuando el gobierno virreinal intentó
organizar la administración pública y disminuir los privilegios de los cuerpos corporativos
como el Ayuntamiento y el Cabildo Eclesiástico. El fundamento de esta política era el de
mejorar la economía, estimulando la industria y limitando la influencia de los gremios,5 los
cuales eran vistos como un obstáculo para el progreso técnico y el libre comercio. Los
postulados de los españoles Gaspar Melchor de Jovellanos y del Conde de Campomanes
cobraron gran importancia y controversia, pues ambos abogaban por la abolición gremial.
Estas ideas6 comenzaron a causar presión entre los diferentes gremios de la
Nueva España a partir de 1780; por lo que los maestros mayores de los diferentes gremios
comenzaron a considerar la necesidad de reformar sus ordenanzas. En particular el de
Maestros del Nobilísimo Arte de Primeras Letras, comenzó en 1782 a proponer reformas a
ellas. Para 1786, el Ayuntamiento de la ciudad de México, influenciado por el caos social
que prevalecía (peste y hambre) y por la idea de que la educación iba a mejorar las
costumbres y a hacer más industriosos a los pobres, promovió la fundación de escuelas pías
y de dos escuelas municipales gratuitas.7 Estas acciones e ideas fueron trastocando los
intereses de los gremios y labrando en camino hacia el liberalismo. En lo educativo, hacia
la configuración de la enseñanza libre...

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Los avances fueron lentos pero continuos; primero se abolieron los gremios,
después se dio la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera abrir establecimientos de
instrucción, siempre y cuando acreditase el ser católico, de buenas costumbres y que
observara las directrices de policía y buen gobierno. En cuanto a los conocimientos y el
método de enseñanza, éste hasta la década de los cuarentas fue relativamente libre.8
Parece evidente que, el interés del gobierno por incluir el término de libertad
de enseñanza en los proyectos educativos, reglamentos y leyes locales, fue siempre el de
facilitar la difusión de la ilustración al mayor número de personas, pues estaba convencido
que, sólo con las luces, la sociedad y el Estado avanzarían firmemente hacia el progreso. Al
parecer, en los primeros años de vida independiente, la sociedad en general y la Iglesia
jamás vincularon el término de libertad de enseñanza con el de libertad de culto. Ni siquiera
en la controvertida Reforma educativa decretada el 23 de octubre de 1833, bajo el gobierno
de Valentín Gómez Farías, tuvo importancia para este tema, pues en ella se tocó en el
artículo 25, lo relativo a la libertad de enseñanza, al decir que:

“En uso de esta libertad puede toda persona a quien las leyes no se lo
prohíban, abrir una escuela pública del ramo que quisiese, dando aviso
precisamente á la autoridad local, y sujetándose en la enseñanza de doctrina,
en los puntos de policía y en el orden moral de la educación a los reglamentos
generales que se dieren sobre la materia”.9

El precepto de libertad de enseñanza aquí enmarcado, entrañaba tres
aspectos fundamentales según Tanck:
• Suprimir los estorbos gremiales o burocráticos al libre ejercicio de la profesión de
maestro;
• Permitir a los maestros particulares libertad en el régimen interno de sus escuelas; y
• Desterrar el monopolio estatal del gobierno como único dispensador de enseñanza.10

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Como puede observarse, la declaración de libre enseñanza en ningún
momento intentó eliminar la enseñanza religiosa. Las reformas estaban orientadas en el
sentido arriba expresado. La Constitución centralista tampoco tocó el tema de la religión en
las escuelas. Estaba sobre entendido que el Estado mexicano era una nación católica por
excelencia y eso no estaba a discusión. La libertad de enseñanza era concebida hasta ese
momento en términos muy diferentes a los que se vislumbraron en 1842.
En el marco de la primera república central, a seis años de haber entrado en vigor la
Constitución centralista de 1836,11 y bajo el gobierno de Santa Anna, fue publicada la
convocatoria para el Constituyente.12 Las elecciones favorecieron a los liberales, cuya
mayoría estaba representada por moderados,13 quienes por vez primera postularon el
precepto de “libertad de enseñanza” para la Carta Magna, el cual fue declarado sin lugar
por falta de mayoría de votos.14
En octubre de ese 1842, Nicolás Bravo asumió la presidencia y fue bajo su mandato
que se presentó un nuevo Proyecto de Constitución, el cual causó gran expectación en la
opinión conservadora y en la prensa, pues introdujo preceptos que atentaban contra el
dogma y la moral. El ataque a este último proyecto fue múltiple: desde la Iglesia y la
opinión pública. Hasta el gobierno, a través de sus funcionarios, tomó partido en el debate.
Así, por ejemplo, el ministro de guerra, general José María Tornel y Mendívil en el circular
que envió a los comandantes generales el 19 de noviembre, expresó abiertamente su
inconformidad con la obra del proyecto, al comunicar que:

“... el proyecto de Constitución era un código de anarquía; que con el
manto del progreso se aceleraba en él la destrucción de la sociedad, y
conduciría al triunfo de la cruel e intolerable demagogia de 1828 y 1833”.15

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Es probable que el problema no residió en los preceptos del artículo 13°,
fracción VI, pues desde el particular punto de vista, no atentaba de manera radical contra el
dogma católico, pues la nación se había declarado siempre como protectora de ese credo.
Sin embargo, al conjugar este precepto con el artículo 31°, el cual incluía en su texto la
noción de que no admitía el “...ejercicio público de ninguna otra [religión],” quedaba
expresamente planteada que la libertad de enseñanza podía incluir la de la enseñanza de
otro dogma. Además, esta situación era más grave al vincularse con el contenido de las
fracciones IX y X, del artículo 13°, las cuales establecían la libertad de opinión y de
imprenta. En estos términos, la ley desprotegía, según la Iglesia, totalmente el dogma
católico.
Parece ser, que lo que más preocupó a la iglesia católica y a los
conservadores fue el hecho de que, desde la escuela, se formarían los futuros ciudadanos al
margen de los “supremos principios cristianos”, conduciendo a la niñez por el mal camino,
por el proselitismo.
La actitud de la Iglesia denotaba miedo de ser destronada. Las
argumentaciones que depuso, tuvieron la intención de imprimir en la opinión pública la
idea de que las naciones que se habían abierto la puerta a las sectas protestantes se habían
corrompido y estaban irremediablemente perdidas.
Finalmente la presión que ejerció el gobierno, la opinión pública y la Iglesia
dieron frutos pues de los debates gestados en el Congreso emanaron preceptos más
moderados. Sin embargo, ninguno de estos proyectos pasó a formar parte del Derecho
vigente, esto es, nunca se convirtieron en norma positiva.16

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La ley suprema que rigió la vida de México de 1843 a 1846 llevó por
nombre Bases Orgánicas de la República Mexicana y fue sancionada por Santa Anna el 12
de junio de 1843.17 En ella no quedó contemplada la libertad de enseñanza, ni la de culto y
sólo la de imprenta y opinión se preservó, con la salvedad de no atentar contra “el dogma
religioso o las sagradas escrituras”.18
Al parecer, la sociedad no estaba todavía en condiciones de asimilar una
propuesta que, sin ser radical, sí había impactado las concepciones conservadoras de la
sociedad de aquel momento. Es evidente también que existía un temor latente, tanto en la
sociedad civil como en la Iglesia por lo que traería la aceptación abierta de otro credo,
definitivamente desconocido, pero que poco a poco había iniciado su infiltración a través
de los extranjeros que habían venido a radicar a tierras mexicanas y que, sin lugar a dudas,
requerían de reconocimiento legal, que la ley, al menos por ese momento, no les otorgó y
que sólo se alcanzaría teóricamente quince años más tarde.
Las conjeturas expresadas son sólo parte de un proceso de reflexión al que
todos los educadores en ejercicio están invitados a participar, a fin de poder comprender el
por qué de las diversas crisis políticas y sociales en donde estuvieron inmiscuidos los
intereses de la Iglesia.19 Los temas de análisis y las posiciones pueden ser múltiples y
dependerán de los intereses de los posibles investigadores interesados. Ellos, permitirán
redimensionar lo que la participación la Iglesia vs Estado gestaron para el pueblo mexicano
a lo largo de su historia. 


9
Bibliografía
CABILDO DE GUADALAJARA. Observaciones que hace el venerable Cabildo de Guadalajara
al soberano Congreso Constituyente sobre el Proyecto de Constitución,
Guadalajara, Imprenta de Gobierno, 1842.
Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. Vols. I, II y III, México,
Porrúa, 1995.
DUBLÁN, Manuel y Lozano, José María. La legislación mexicana o colección completa de
las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República,
Vols. I, II, III y IV, México, Edición Oficial, 1876-1904.
MATEOS, Juan A. Historia Parlamentaria de los Congresos Mexicanos. Sesiones de la
Cámara de Diputados del Congreso de 1842, Tomo XIV, México, Imprenta del “El
Partido Liberal”, 1893.
NEDER, Ana María. Guía del Archivo Histórico de la Provincia de San Alberto de los
Carmelitas Descalzos en México, México, CONDUMEX, 1998.
NORIEGA Elío, Cecilia. El Constituyente de 1842, México, UNAM, 1986.
RODRÍGUEZ de San Miguel, Juan. Discurso pronunciado... contra el Proyecto de
Constitución en su discusión general, México, El siglo Diez y Nueve, Viernes 25 de
noviembre de 1842.
TALAVERA, Abraham. Liberalismo y Educación, 104, México, SepSetentas, 1973
TANCK de Estrada, Dorothy. La educación ilustrada, 1786-1836, México, COLMEX, 1977.
TENA Ramírez, Felipe. Leyes Fundamentales de México, 1808-1964, México, Porrúa, 1964.


                                                


1 Entre los que se encuentran evidencias sobre: Bienes del clero; posiciones sobre la
política; misas, autos, recordatorios y necrologías, colegios y la presentación de problemas diversos
enfrentados.
2 Cabildo de Guadalajara, 1842, p.3.
3 Cuando se analizan los principios borbónicos y después la Constitución de Cádiz, se
encuentran evidencias claras de los avances del Estado por restarle poder a la iglesia católica en varios rubros.
En el México independiente, esta situación prevalece y lo educativo pareciera no tocarse, pero como se
detecta a lo largo de la investigación, desde los primeros años de la tercera década del siglo XIX, existen
evidencias de la introducción de ideas relacionadas a la libertad de enseñanza, postuladas en reglamentos,

10
                                                                                                                                                    


proyectos de ley y  leyes estatales y federales. El precepto al parecer fue evolucionando hasta asumir, desde el
particular punto de vista, su interpretación más radical en el artículo 3° de la Carta Magna de 1857.
4 El debate en cuanto a qué debe entenderse por ella, cuáles son sus límites, en qué
momento puede producir daño, etc., sigue siendo aún hoy en día motivo de enfrentamientos.
5 Los Gremios en la Nueva España desde el siglo XVII estuvieron debidamente regulados.
Esta regulación se volvió más estricta en 1752 y 1760, cuando quedaron establecidas las obligaciones de
Profesiones y Oficios y las Restricciones para el ejercicio. AHDF. Artesanos y Gremios, Vol. 383,
Expedientes 6 y 7.
6 Las ideas ilustradas de individualismo, competitividad y progreso adquirieron prestigio
frente a la tradicional sociedad corporativa de grupos privilegiados.
7 TANCK de Estrada, Dorothy, 1984, p.16.
8 El 26 de octubre de 1842, se decretó que el método de enseñanza para las escuelas de
primeras letras sería el mutuo y simultáneo.
9 DUBLÁN, Manuel y LOZANO, José María, 1904, Vol. II, p.571.
10 TANCK de Estrada, Dorothy, 1984, p.243
11 Mejor conocida como Siete Leyes
12 El 10 de diciembre de 1841. TENA Ramírez, Felipe, 1964, p.304.
13 La comisión encargada de redactar el Proyecto de Constitución estuvo a cargo de Antonio
Díaz Guzmán, Joaquín Ladrón de Guevara, José Fernando Ramírez, Pedro Ramírez, Juan José Espinosa de
los Monteros, Mariano Otero y Octaviano Muñoz Ledo.
14 Fueron 41 contra 35 votos.
15 Citado por Felipe Tena en la introducción que realiza a los proyectos de constitución de
1842.
16 La norma positiva es aquella que tuvo vigencia y observancia en algún momento
histórico.
17 TENA Ramírez, Felipe, 1964, pp.403-436.
18 ÍBID, P.407. Algo interesante es que de los 175 diputados que participaron en el
Constituyente de 1842, solo 26 fueron elementos de la Junta de Notables de 1843.
19 Por ejemplo, la crisis política que enmarcó la promulgación de la Constitución de 1857,
las leyes de Reforma, el movimiento Cristero, las múltiples resistencias que ha presentado la Iglesia Católica
a diversas reformas educativas presentada a lo largo del siglo XX, por mencionar sólo algunas.

PRIMER CONSTITUCION DE 1842


Primer proyecto de Constitución. Constitución Política de la República Mexicana. 
Sala de comisiones del Congreso constituyente. 25 de agosto de 1842 



TÍTULO I
De la Nación Mexicana, su religión, territorio, condición general de sus habitantes, y distribución de sus poderes

Artículo 1o. La Nación Mexicana, soberana, libre e independiente, no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Artículo 2o. La Nación profesa la religión católica, apostólica y romana, y no tolera el ejercicio público de otra alguna.

Artículo 3o. El territorio de la Nación se divide en los Departamentos siguientes: Acapulco, Californias Alta y Baja, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, Michoacán con Colima, Nuevo León, Nuevo-México, Oaxaca, Puebla con Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Texas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas con Aguascalientes.

Articulo 4o. Todos los poderes públicos emanan de la Constitución, y su ejercicio no puede obtenerse, conservarse ni perderse, sino por los medios, formas y condiciones que ella misma establece en sus respectivos casos. Ninguna autoridad, incluso la del Poder Legislativo, puede en manera alguna dispensar su observancia, ni conceder impunidad a sus violaciones para que deje de ser efectiva la responsabilidad de los infractores.

Artículo 5o. El ejercicio del Poder público se divide en Legislativo, Ejecutivo y judicial, sin que dos o más de estos Poderes puedan reunirse en una sola corporación o persona, ni el Legislativo depositarse en un solo individuo.

De los habitantes de la República, sus clases, derechos y obligaciones

Artículo 6o. Son habitantes de la República todos los que habiten en puntos que ella reconoce por su territorio, y desde el momento en que lo pisan, quedan sujetos a sus leyes y gozan de los derechos que respectivamente les otorguen.

Garantías individuales

Artículo 7o. La Constitución declara a todos los habitantes de la República el goce perpetuo de los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, contenidos en las disposiciones siguientes:

I. Nadie es esclavo en el territorio de la República.

II. La ley es una para todos, y de ella emanan la potestad de los que mandan y las obligaciones de los que obedecen. La autoridad pública no puede más que lo que la ley le concede, y el súbdito puede todo lo justo y honesto que ella no le prohíbe.

III. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones, y todos tienen derecho para publicarlas, imprimirlas y circularlas de la manera que mejor les convenga. Jamás podrá establecerse la censura, o calificación previa de los escritos, ni ponerse otras trabas a los escritores, editores o impresores, que las estrictamente necesarias para asegurarse de la responsabilidad de los escritores.

IV. Solamente se abusa de la libertad de imprenta, atacando la religión y la moral. Estos abusos serán juzgados y castigados por jurados de imprenta, conforme a lo que dispongan las leyes; y los que se cometieren atacando la vida privada de las personas, serán considerados y tratados como delitos comunes.

V. Cualquier habitante de la República puede transitar libremente por su territorio, y salir de él, sin otras restricciones, que las que expresamente le impongan las leyes.

VI. Ninguno puede ser aprehendido, detenido, ni preso, sino por previo mandato, o auto escrito de juez competente de su propio fuero; ni juzgado o sentenciado por otro; ni custodiado fuera de la residencia del que debe juzgarlo; ni preso en otro edificio que el que le señalare su juez, conservándose en aquel a su absoluta disposición.

VII. Ninguno será aprehendido, sino cuando contra él obren indicios por los cuales se presuma ser el reo de un delito que se ha cometido; no será detenido más de tres días, a menos que subsistan las presunciones que dieron causa a su detención; ni más de ocho, sin que se provea el auto motivado de su prisión.

VIII. No puede declararse preso a un individuo sin que preceda una información sumaria por escrito, y sólo cuando de ella resulten nuevos indicios o se corroboren legalmente los anteriores; ni podrá conservársele en detención o prisión dando fianza, siempre que de la calidad del delito, o de las constancias procesales aparezca que no se le puede imponer pena corporal.

IX. Las autoridades políticas pueden mandar aprehender a los sospechosos y detenerlos por veinticuatro horas; mas al fin de ellas, deben ponerlos a disposición de su propio juez con los datos para su detención. En cuanto a la imposición de las penas, no pueden decretar otras que las pecuniarias o de reclusión, que en su caso establezcan las leyes.

X. La detención y la prisión son arbitrarias desde el momento en que ha transcurrido el tiempo señalado para una u otra, sin darse el auto respectivo. Son responsables de aquel delito las autoridades que los cometan y las que lo dejan sin castigo.

XI. Nunca se podrá usar el tormento para el castigo de los delitos, ni de alguna otra especie de apremio para su averiguación. Ninguno podrá ser declarado confeso de un delito, sino cuando él lo confesare libre y paulatinamente, en la forma legal.

XII. En cualquiera estado de la causa podrán exigir los reos que se les preste audiencia, que se les diga el nombre de su acusador, y que se les dé vista de las constancias procesales; y pueden también presenciar los interrogatorios y respuestas de los testigos, y hacerles las preguntas que juzguen necesarias para su defensa.

XIII. Los reos no serán molestados con grillos, ni otra especie alguna de apremio, sino en cuanto fueren necesarios para asegurar su persona; y sólo podrán ser castigados por faltas nuevamente cometidas. Los trabajos útiles al establecimiento y al individuo, y la incomunicación, no se comprenden en las prohibiciones anteriores.

XIV. Solamente en los casos literalmente prevenidos en las leyes puede ser cateada la casa de un individuo, y sólo puede catearla su propio juez en persona. Tampoco pueden serlo sus papeles, si no es en persecución de un determinado delito o de un hecho fraudulento, y sólo cuando aparezca una semiplena prueba de que aquéllos pueden contribuir a su esclarecimiento.

XV. La propiedad del individuo es inviolable; en consecuencia, a ninguna persona o corporación eclesiástica o secular que exista legalmente, puede privársele de la suya, ni turbársele en el libre uso y aprovechamiento de ella, ya consista en cosas, acciones, en derechos o en el ejercicio de una profesión o industria que le hubiere garantizado la ley. Cuando algún objeto de utilidad pública exigiere su ocupación, el interesado será previamente indemnizado. Una ley constitucional dispondrá el modo de proceder en tales casos.

De los extranjeros

Artículo 8o. Son extranjeros los que no poseen la calidad de mexicano.

Artículo 9o. Los extranjeros legalmente introducidos en la República gozarán de los derechos individuales enumerados en el artículo 7, y de los que se estipulen en los tratados celebrados con sus respectivas naciones.

Artículo 10. Son obligaciones del extranjero:

I. Respetar la religión que se profese en la República.

II. Sujetarse a los fallos de sus tribunales, sin poder intentar contra ellos otros recursos que los que las leyes concedan a los mexicanos.

III. Cooperar a los gastos del Estado con las contribuciones que se impongan a los mexicanos, y de que no estén exceptuados.

Artículo 11. Los extranjeros gozarán de todos los demás derechos que las leyes de la República no otorguen privativamente a los mexicanos; y sólo podrán ejercerlos en la forma y modo que las mismas leyes prescriban respecto de los mexicanos.

Nunca podrán intentar reclamaciones contra la nación, si no es en los dos casos siguientes:

lo. Cuando el Gobierno les impida demandar sus derechos en la forma legal.

2o. Cuando él mismo les rehúsela ejecución del que les haya declarado la autoridad competente conforme a las leyes.

Artículo 12. La nación conserva siempre el derecho de reprobar y anular los actos de sus funcionarios públicos contrarios a las leyes; en consecuencia, ninguno puede pretender indemnizaciones por daños o perjuicios emanados de un hecho contrario a la ley, en que el reclamante haya tenido la culpa o parte, aun cuando haya sido autorizado por el poder ejecutivo nacional.

Artículo 13. Para que los extranjeros puedan reclamar la observancia de los derechos que les concede esta constitución y que les concedieren las leyes, deben haber obtenido y exhibir la carta de seguridad correspondiente en la manera y casos que dispongan las leyes.

En las cartas de seguridad se insertarán textualmente los artículos que forman esta sección, debiendo ser reputados como el pacto o condiciones bajo las cuales son admitidos en la sociedad mexicana. De los mexicanos

Artículo 14. Son mexicanos:

I. Los nacidos en el territorio de la nación o fuera de ella, de padre o madre que sean mexicanos por nacimiento, o de padre por naturalización.

II. Los no nacidos en el territorio de la nación que estaban avecindados en él en 1821, y que no han perdido la vecindad.

III. Los que habiendo nacido en territorio que fue parte de la nación han continuado en ésta su vecindad.

IV. Los nacidos en el territorio de la nación de pare extranjero, si durante el primer año de su nacimiento no manifestare el padre que quiere que su hijo sea considerado como extranjero.

V. Los extranjeros que adquieran legítimamente bienes raíces en la República, o que se casen con mexicana, y los que, aunque no tengan estas cualidades, adquieran carta de naturaleza por las circunstancias que determinen las leyes.

Derechos y obligaciones del mexicano

Artículo 15. Los mexicanos gozarán de los derechos que les conceden la constitución y las leyes, y por éstas se les dispensarán exenciones y prerrogativas que hagan su condición mejor que la de los extranjeros.

Los que pierdan la calidad de mexicano, por condenación judicial, y los que estén legalmente presos, no podrán usar del derecho de libertad de imprenta, sino para su propia defensa.

Artículo 16. Es obligación del mexicano respetar y sostener la constitución y leyes de la República, cooperar a la defensa de su patria y al restablecimiento del orden público.

Artículo 17. Se pierde la calidad de mexicano:

I. Por naturalizarse en país extranjero.

II. Por servir bajo las banderas de una potencia que esté en guerra con la República.

III. Por aceptar empleo o condecoración de otro gobierno sin permiso del mexicano.

Artículo 18. El que pierda la calidad de mexicano puede obtener rehabilitación del congreso en la manera y casos que disponga la ley.

Artículo 19. Los cargos, empleos y comisiones de nombramiento de las autoridades, para cuyo ejercicio no exija la ley la condición de ciudadano, ni alguna otra cualidad individual de pericia prescrita por ella misma, se conferirán exclusivamente a los mexicanos.

Una ley arreglará el ejercicio de los derechos concedidos a los naturalizados por lo que respecta a la opción de empleos y cargos públicos.

De los ciudadanos mexicanos, sus derechos y obligaciones

Artículo 20. Son ciudadanos mexicanos todos los que obteniendo la calidad de mexicanos reunieren además las siguientes:

I. Haber cumplido la edad de dieciocho años, siendo casado, o la de veintiuno, si no lo ha sido.

II. Tener una renta anual de 100 pesos, procedente de capital físico, industria o trabajo personal honesto, y saber leer y escribir desde el año de 1850 en adelante.

Artículo 21. Son prerrogativas del ciudadano mexicano:

I. Votar en las elecciones populares.

II. Poder ser votado para los cargos de elección popular y para cualquier otro empleo, siempre que en su persona concurran las demás calidades que, las leyes exijan para su desempeño.

Artículo 22. A reserva de que una ley detalle los demás derechos y prerrogativas inherentes a las condiciones de extranjero, mexicano y ciudadano mexicano, se observará inviolablemente el principio de mejorar en todas las leyes que se dieren, la condición del ciudadano respecto del que culpablemente no lo es; la del mexicano que aún no ha obtenido aquella calidad, respecto del extranjero; y la de éste, respecto del mexicano que ha perdido su calidad de tal. Las autoridades observarán el mismo principio en el ejercicio de sus facultades meramente discretivas.

Artículo 23. Son obligaciones del ciudadano:

I. Alistarse en la Guardia nacional.

II. Adscribirse en el padrón de su municipalidad.

III. Concurrir a las elecciones populares y votar en ellas.

IV. Desempeñar los destinos de carga concejil, los de elección popular y los otros que por la ley no sean renunciables.

Artículo 24. Los derechos del ciudadano se suspenden:

I. Por el estado de sirviente doméstico cerca de la persona.

II. Por causa criminal, desde la fecha del auto de prisión o declaración que se haga de haber lugar a la formación de causa, hasta el pronunciamiento de la definitiva absolutoria del juicio.

III. Por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, o tener casas de juegos prohibidos por las leyes, o vago, o mal entretenido.

IV. Por el estado religioso.

V. Por el estado de demencia continua o intermitente.

VI. Por no desempeñar las cargas de nombramiento popular, o aquellas que la ley declara no renunciables, careciendo de excusa legal calificada por la autoridad competente. La suspensión durará el tiempo que debía durar el encargo que no desempeñó.

Artículo 25. Los derechos de ciudadano se pierden:

I. Perdiéndose la calidad de mexicano.

II. Por sentencia judicial que imponga pena infamante, o que declare a alguno reo de contrabando de efectos prohibidos en favor de la industria nacional o de la agricultura.

III. Por quiebra fraudulenta calificada.

IV. Por mala versación o deuda fraudulenta en la administración de cualquiera fondo público.

Artículo 26. Con la suspensión o pérdida de los derechos de ciudadano se suspende o se pierde, respectivamente, el ejercicio del empleo o cargo público que se obtenga.

En consecuencia, no puede suspenderse ni privarse a un ciudadano de sus derechos, sino por declaración que haga la autoridad competente en las formas que prevenga la ley respectiva, ni ejercerse sin exhibir el documento que justifique su posesión. El que pierda estos derechos, puede ser rehabilitado por el congreso.

TÍTULO II
Colegios electorales

Artículo 27. La facultad y libertad de elegir a sus representantes es un derecho inherente al pueblo y un atributo inseparable de su soberanía. Este poder lo ejerce de derecho por medio de sus Colegios electorales en las épocas fijas y casos que designa esta constitución.

En consecuencia, las elecciones se celebrarán en el día designado por la ley, y llegado éste, las autoridades políticas de cada población las mandarán hacer en ella bajo su más estrecha responsabilidad, sin esperar orden de su respectivo superior.

Artículo 28. En todos los lugares de la República se celebrarán elecciones primarias, y para tal objeto se dividirán las poblaciones en secciones de quinientos a mil habitantes. En ellas votarán los ciudadanos, por medio de boletas, sus electores, y éstos elegirán los individuos que deben formar el Colegio electoral del Departamento.

Artículo 29. Los individuos de las milicias sobre las armas votarán en la sección de su cuartel, y no se presentarán armados ni formando cuerpo.

Artículo 30. Para ser elector primario, se requiere:

lo. ser mayor de 25 años;

2o. tener un capital físico o moral que le produzca una renta de 500 pesos anuales, o bien una propiedad raíz o establecimiento industrial que valga 500 y una renta de 100; saber leer y escribir.

Los individuos del Colegio electoral deben ser mayores de treinta y cinco años, vecinos del Departamento que los elija y tener un capital físico o moral que les produzca una renta de 1,500 pesos anuales.

Artículo 31. En cualquier caso de nulidad de elección se observarán respectivamente las reglas siguientes: si la nulidad se encuentra en el Colegio electoral, se mandará subsanar el defecto; si en la totalidad de los individuos que él haya elegido se repetirá la elección, y si en uno o más de los propietarios, se llamará el suplente.

Artículo 32. En todo caso de empate se repetirá la elección, y si aun siguiera, decidirá la suerte.

Artículo 33. Cada cuatro años se renovará el censo de la población de los Departamentos, y por él se computará el número de representantes.

Poder legislativo

Artículo 34. Los diputados y senadores al congreso nacional, serán electos por los colegios electorales de los Departamentos, en proporción de un diputado para cada ochenta mil habitantes, o por una fracción de cuarenta mil. Los Departamentos que no tuvieren el cupo designado nombrarán sin embargo un diputado. Por cada propietario se nombrará un suplente.

Artículo 35. Las elecciones de diputados y senadores se celebrarán en la primera semana de septiembre del año anterior a la renovación.

Artículo 36. Las cámaras se renovarán por mitad cada dos años, y la renovación se hará por individuos. Las diputaciones que fueren de números pares, se renovarán comenzando por la mitad de menos antiguos, siguiendo después la alternativa.

En las que fueren de números impares, se renovará en el primer bienio la mayoría de menos antiguos, y en el segundo bienio la minoría que quedó de la anterior, juntamente con el diputado últimamente nombrado en aquel mismo bienio; en lo sucesivo se seguirá esta alternativa. Los diputados que fueren únicos, se renovarán cada cuatro años.

Artículo 37. Las vacantes que ocurran en el senado se llenarán inmediatamente, y los nuevos electos funcionarán por el tiempo que falte a los que reemplacen.

Artículo 38. Los diputados y senadores no podrán ser dispensados de ejercer su encargo sin causa grave, justa, comprobada suficientemente y calificada por su cámara respectiva.

Poder Ejecutivo

Artículo 39. Para la elección del Presidente de la República se celebrarán elecciones primarias el día lo. de marzo del año en que debe verificarse su renovación, conforme a lo prevenido en los artículos 28 y 29, y en proporción de un elector por cada mil habitantes. Estos electores primarios formarán el colegio electoral del poder ejecutivo, y sus calidades serán las prescritas en la última parte del artículo 30.

Artículo 40. La regulación de votos se hará en la capital de cada Departamento el día 20 del mismo marzo, y la general en el día 20 de mayo inmediato, conforme a la fracción 31 del artículo 79.

Artículo 41. Será declarado Presidente de la República el que reuniere la mayoría absoluta de los votos individuales emitidos por los electores. Si ninguno lo reuniere, el Congreso nacional, haciendo de colegio electoral y votando por Departamentos, nombrará al Presidente de entre los dos que reúnan mayor número de votos. En caso de empate votará por personas.

Artículo 42. El Presidente cesará en su funciones el día lo. de junio inmediato, y en el mismo tomará posesión el que debe reemplazarlo. Si no estuviere presente, se depositará interinamente el Poder Ejecutivo en un senador nombrado por el congreso a mayoría absoluta de votos. Lo mismo se practicará en los casos de vacante y en los de cualquier otro impedimento temporal.

Corte Suprema de Justicia

Artículo 43. Los colegios electorales de los Departamentos elegirán a pluralidad absoluta de votos a los magistrados de la Corte Suprema de justicia y de la marcial, cuyas vacantes ocurrieren en el año de su reunión; mas si aquéllas se verificaren en el tiempo intermedio, se reunirán extraordinariamente para cubrirlas.

Concluida que sea la elección, remitirán la acta respectiva al supremo gobierno, y en la regulación de votos se observará lo prevenido por el artículo 41.

Artículo 44. La elección para ministro de la Corte Suprema de justicia preferirá a la de diputado o senador. Autoridades departamentales

Artículo 45. Los diputados de las Asambleas serán elegidos por los mismos colegios electorales que eligieren a los del Congreso nacional.

Artículo 46. Los gobernadores lo serán en la forma prescrita por el artículo 39, quedando a los Departamentos fijar el número y calidades de los electores y el tiempo de la elección.

Artículo 47. Las Asambleas de los Departamentos harán de colegio electoral para elegir a los magistrados de sus tribunales superiores.

Artículo 48. Una ley constitucional reglamentará todos los demás puntos relativos a las elecciones de los Supremos Poderes de la nación, con absoluta sujeción a las bases y principios consignados en este título. En las constituciones de los Departamentos se hará el mismo arreglo por lo que respecta a sus autoridades particulares.

TÍTULO III
Poder Legislativo

Artículo 49. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en un Congreso general dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.

Cámara de Diputados

Artículo 50. Esta cámara se compondrá de los diputados elegidos por los Departamentos.

Artículo 51. Para ser diputado se requiere:

I. Ser mayor de 25 años al tiempo de la elección, y con vecindad de cuatro por lo menos en el Departamento que lo elige. Los naturales que no tengan aquella vecindad, sólo podrán serlo en el caso de que conserven allí alguna propiedad territorial o giro industrial.

II. Tener un capital físico o moral que produzca al nombrado una renta anual efectiva de 1,200 pesos, y que no consista en emolumentos procedentes de empleo, destino, beneficio eclesiástico, o de algún cargo público que sirva temporalmente, o en comisión. La regulación del capital se hará por los libros de contribuciones.

No se requiere este capital para que puedan ser diputados los profesores de alguna ciencia que por espacio de diez años consecutivos hayan dado lecciones de ella en algún establecimiento público aprobado por el gobierno, siempre que reúnan las otras calidades.

III. Desempeñar las cargas concejiles para que fuere nombrado desde el año de 1843 en adelante, a no ser que disfrute de una exención legal calificada por la autoridad competente.

Artículo 52. No pueden ser electos diputados:

I. El Presidente de la República, los secretarios del despacho y oficiales de sus secretarías, los individuos de la Suprema Corte de justicia ni de la marcial, los M. RR. Arzobispos y Obispos, ni los empleados generales de hacienda.

Los gobernadores de los Departamentos, sus secretarios, los Gobernadores de Mitras, Provisores, Vicarios generales, ni los comandantes militares, tampoco pueden serlo por los Departamentos a que se extienda su jurisdicción, encargo o ministerio.

Cámara de Senadores

Artículo 53. Esta cámara se compondrá de dos senadores elegidos por cada uno de los Departamentos que tengan más de cien mil habitantes.

Artículo 54. Para ser senador se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento, y natural o vecino del Departamento que lo elige.

II. Tener treinta y cinco años cumplidos de edad al tiempo de la elección.

III. Haber ejercido alguno de los encargos siguientes: Presidente de la República, secretario del despacho del supremo gobierno, o individuo del extinguido consejo constitucional, senador al congreso general, ministro o agente diplomático, o gobernador constitucional de Departamento. Ejercer o haber ejercido alguno de los siguientes: diputado al congreso nacional, o algún empleo superior y efectivo de la milicia.

IV. Tener un capital propio consistente en bienes raíces, o en un establecimiento industrial que produzca al nombrado una renta anual efectiva de dos mil pesos, o bien una industria o profesión que le produzca la misma renta, y además una propiedad territorial que valga 12,000 pesos. Los individuos cuyo capital moral consista en los proventos de un empleo, comisión o beneficio eclesiástico, deben tener una renta de 3,000 pesos, y una propiedad territorial que valga 20,000, libres.

V. Tener las otras calidades que se requieren para ser diputado y que no están modificadas por este artículo.

Artículo 55. No pueden ser senadores, los que no pueden ser diputados. Exceptuándose de esta disposición los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, que podrán ser nombrados por los Departamentos a que no se extienda su jurisdicción, teniendo las demás calidades prescritas.

De las sesiones

Artículo 56. Las sesiones del Congreso nacional se abrirán en lo. de enero, y en lo. de junio de cada año. Las del primer periodo se cenarán en 31 de marzo, y las del segundo en 31 de octubre, pudiendo prorrogarlas hasta fin de año, si no se hubieren concluido los asuntos que son objeto de este segundo periodo.

En las sesiones de él se ocupará exclusivamente el congreso del examen y aprobación del presupuesto general de gastos del año siguiente, de las contribuciones con que debe cubrirse, de la cuenta del ministerio de hacienda respectiva al año penúltimo, y de la memoria que debe presentarle su ministro. Artículo 57.

Estando el Congreso en receso se reunirá a sesiones extraordinarias siempre que lo convoque el senado, ya por sí, o a pedimento del Presidente de la República. En la convocatoria se especificarán los asuntos de que únicamente debe ocuparse, y sólo se comprenderán en ella los que el senado calificare de urgentes.

Artículo 58. Los asuntos económicos, los que declaren urgentes ambas cámaras y las acusaciones que deben hacerse ante ellas, se podrán tratar en cualquier periodo de sesiones.

Artículo 59. Aunque el Congreso cierre sus sesiones, continuará las suyas el senado, ocupándose en ellas de los acuerdos que tuviere en revisión, y de los demás asuntos que pertenecieren a su conocimiento.

Artículo 60. Las cámaras residirán en un mismo lugar, y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al lugar y al tiempo, el Presidente de la República terminará la diferencia, eligiendo precisamente uno de los dos puntos en cuestión.

Artículo 61. Las resoluciones que tome el Congreso sobre su traslación, o prórroga de sesiones, no podrán ser objetadas por el Presidente.

Artículo 62. La apertura y clausura de cada periodo de sesiones, se verificará con las solemnidades que prescriba el reglamento del Congreso, y con la asistencia del Presidente de la República. De la formación de las leyes

Artículo 63. Corresponde la iniciativa de las leyes:

I. Al Presidente de la República, asambleas departamentales y diputados, en todas materias.

II. A la Suprema Corte de justicia en lo relativo a la administración de su ramo.

Artículo 64. No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas de los Poderes Ejecutivo y Judicial, las que se presenten firmadas por cinco diputados, las que dirigiere una asamblea departamental sobre asuntos privativos a su Departamento, y aquellas en que estuviere de acuerdo la mayoría de las asambleas.

Artículo 65. Toda ley o decreto de iniciará precisamente en la Cámara de diputados, y a la de senadores sólo corresponderá la revisión. En ella podrá reprobar el acuerdo, o reformarlo en su redacción para salvar los inconvenientes que presente, pero no podrá hacerle adiciones.

Artículo 66. Para la discusión de cualquiera ley o decreto se necesita en cada cámara la presencia de las dos terceras partes del total de sus individuos y el voto de la mayoría de los presentes para su aprobación. En la segunda revisión se requieren los dos tercios de la cámara iniciadora para ser reproducido, y de la revisora para ser desechado.

Articulo 67. Cuando el senado aprobare o reformare una parte del proyecto, la Cámara de diputados se ocupará solamente de lo reprobado o reformado, sin poder alterar en manera alguna los artículos aprobados por el senado.

Artículo 68. Aprobado un proyecto de ley o decreto en primera o segunda revisión, se pasará al Presidente de la República, autorizado con la firma de los presidentes de ambas cámaras y de dos secretarios de cada una.

El Presidente de la República podrá hacer observaciones al proyecto dentro de diez días, contados desde la hora en que lo reciba, devolviéndolo a la cámara de su origen.

Artículo 69. Si el Presidente no devolviere el proyecto dentro del tiempo señalado, por el mismo hecho se tendrá por sancionado, y como tal se promulgará a no ser que corriendo aquel término, haya cerrado el Congreso sus sesiones, en cuyo caso la devolución se verificará el primer día en que vuelva a reunirse.

Artículo 70. Los proyectos devueltos por el Presidente serán discutidos nuevamente en ambas cámaras. Si en cada una de éstas fueren aprobados por las dos terceras partes de sus individuos presentes, se devolverán al Presidente, quien sin excusa deberá firmarlos y publicarlos; pero si no fueren aprobados en la forma dicha, se tendrán por desechados.

Artículo 71. Las iniciativas y proyectos desechados en un periodo de sesiones no pueden volverse a proponer sino hasta el siguiente, excepto aquellas que llegaren a ser apoyadas por la mayoría de las asambleas departamentales.

Artículo 72. En la interpretación, modificación o revocación de las leyes y decretos, se guardarán los mismos requisitos que se observaron en su formación.

Artículo 73. Cuando el Presidente disponga reglamentar la ley, lo avisará a las Cámaras, y tendrá nueve días para aquel objeto.

Artículo 74. Sancionada la ley, el Presidente de la República la hará publicar inmediatamente en la capital, del modo acostumbrado, y dentro de los seis días siguientes a su sanción, la circulará a los gobernadores de los Departamentos, para que éstos la manden publicar en sus capitales y en todas las ciudades, villas, pueblos y parroquias rurales de su territorio.

Artículo 75. Los decretos cuya resolución sólo interese a personas o corporaciones determinadas, se tendrán por publicados con su inserción en los periódicos oficiales.

Artículo 76. En cada paraje obliga la ley desde la fecha de su publicación en él, a no ser que ella misma prefije plazo ulterior para su observancia.

Artículo 77. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto.

Artículo 78. Las leyes y decretos se publicarán bajo la siguiente fórmula:

"El Presidente de la República Mexicana a los habitantes de ella, sabed: que el Congreso nacional ha decretado lo siguiente: (aquí el texto).-Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el cumplimiento debido."

De las atribuciones y restricciones del Congreso

Artículo 79. Corresponde al Congreso nacional:

I. Reprobar los estatutos de los Departamentos en la parte que pugnen con esta Constitución o con alguna ley general. En los decretos que con tal motivo se expidan, deberá citarse el artículo constitucional o la ley en cuya virtud se repruebe el Estatuto del Departamento, e insertarse el texto del que fuere reprobado.

II. Decretar en el segundo periodo de sesiones de cada año, los gastos generales de la Nación que se han de hacer en el siguiente, y designar las contribuciones con que han de cubrirse, sin perjuicio de que en cualquier otro periodo decrete sobre esta materia los que se ofrezcan como extraordinarios, oyendo en tal caso previamente a la mayoría de las asambleas departamentales.

III. Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra y el de la milicia activa; fijar el contingente de hombres respectivos a cada Departamento, y dar reglamentos y ordenanzas para su alistamiento, servicio y organización respectivas.

IV. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación, prefijándole cuotas, designándole garantías para cubrirlas y dándole las bases necesarias para la celebración del contrato, quedando éste sujeto a la aprobación del Congreso antes de ponerlo en ejecución.

En casos muy urgentes, lo podrá autorizar definitivamente para su celebración, bajo las condiciones expresadas, si así lo acordaren las dos terceras partes de los individuos presentes en ambas Cámaras, y en revisión de las tres cuartas.

V. Reconocer la deuda nacional y decretar el modo y medios de amortizarla, sin que jamás puedan comprenderse en ella los créditos contraídos sin la debida autorización, ni aquellos que procedan de hechos contrarios a las leyes.

VI. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras y entre los diferentes Departamentos de la Nación y tribus de los indios.

VII. Aprobar o reprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con las Potencias extranjeras.

VIII. Dar instrucciones al Gobierno, cuando llegue el caso de celebrar concordatos con la Silla Apostólica, aprobarlos para su ratificación, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Nación.

IX. Dar el pase o retener los decretos conciliares, bulas y rescriptos pontificios que contengan disposiciones generales o trascendentales a la Nación.

X. Decretar la guerra, aprobar o reprobar los convenios de paz, y dar reglas para conceder las patentes de corso.

XI. Habilitar puertos y establecer aduanas marítimas y fronterizas.

XII. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y decretar un sistema general de pesos y medidas.

XIII. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y la salida fuera de ella a las tropas nacionales.

XIV. Permitir o no la estación de escuadras de otra Potencia por más de un mes en los puertos mexicanos.

XV. Formar reglamentos para la organización, equipo y disciplina de la Guardia Nacional de los Departamentos, con arreglo a los principios de su institución.

XVI. Conceder o negar la licencia al Gobierno para que pueda llamar al servicio a la milicia activa.

XVII. Conceder indultos generales y amnistías en los casos y en la forma que las leyes prescriban y cuando ellas no lo prohíban.

XVIII. Crear los empleos públicos que fueren necesarios para el desempeño de las funciones cometidas a los Poderes generales, suprimirlos y aumentar o disminuir sus dotaciones.

XIX. Dar reglas generales para la concesión de cartas de naturaleza y de ciudadanía.

XX. Conceder conforme a las leyes, privilegios exclusivos por tiempo limitado, a los inventores, introductores o perfeccionadores de alguna industria útil a toda la Nación, oyendo previamente a las asambleas de los Departamentos y tomando en consideración el perjuicio que pueda resultar a algunos.

XXI. Aumentar o disminuir por agregación o división, los Departamentos que forman la República, siempre que en ello consientan las dos terceras partes de sus asambleas.

XXII. Admitir nuevos Departamentos incorporándolos en la Nación.

XXIII. Arreglar definitivamente los límites de los Departamentos cuando no se convengan entre sí sobre su demarcación.

XXIV. Mantener la independencia de los Departamentos, por lo que respecta a su Gobierno interior, y la paz y armonía que deben guardar entre sí.

XXV. Fomentar la prosperidad nacional, decretando la apertura de caminos y canales, o su mejora, sin impedir a los Departamentos la apertura de los suyos; y establecer postas y correos.

XXVI. Fomentar y proteger la industria nacional, concediendo exenciones y prohibiendo la importación de los artículos y efectos que se manufacturen o exploten en la República.

XXVII. Protegerla libertad política de imprenta bajo las bases generales establecidas en esta Constitución, de manera que jamás pueda suspenderse su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los Departamentos.

XXVIII. Proteger la educación y la ilustración, creando establecimientos científicos e industriales de utilidad común para toda la Nación; decretando las bases para el arreglo de los estudios de profesión, y reprobando o reformando los estatutos de los Departamentos que tiendan a obstruir o retrasar la educación y la ilustración.

XXIX. Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho grandes servicios a la República, y decretar honores públicos a la memoria póstuma de los grandes hombres.

XXX. Dar leyes uniformes en todos los Departamentos sobre bancarrotas. XXXI. Hacer la regulación de votos en las elecciones de Presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de justicia y de la Marcial; calificar la elección, reduciéndose a examinar si en el electo concurren las cualidades personales que exige la Constitución, y decidir las dudas que no estén previstas por la ley.

XXXII. Rehabilitar a los que hayan perdido los derechos de ciudadano, mas sin que por la rehabilitación pueda restituir el derecho de obtener ningún empleo ni cargo público a los que hayan sido condenados judicialmente y en la forma legal por alguno de los delitos siguientes: por traición contra la independencia de su patria, conspiración contra el Poder Legislativo o contra la vida del Presidente de la República; por incendiario, envenenador, asesino o alevoso; por quiebra fraudulenta, robo, prevaricación o cohecho.

XXXIII. Dictar las leyes y decretos que sean conducentes y necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, sin que jamás pueda traspasarlas para mezclarse en la administración y régimen interior de los Departamentos, ni atentar a las que por esta Constitución les pertenecen.

Artículo 80. Todas las atribuciones y facultades que no se otorgan específicamente al Congreso Nacional, Poder Ejecutivo y Suprema Corte de justicia, se entenderá que quedan reservadas a los Departamentos.

Artículo 81. No puede el Congreso Nacional:

I. Derogar ni suspender las leyes prohibitivas de géneros, frutos y efectos perjudiciales a la agricultura o industria fabril de la Nación, sin el consentimiento previo de las dos terceras partes de las asambleas departamentales.

II. Proscribir a ningún mexicano, imponerle pena de ninguna especie directa o indirectamente, ni suspender el goce de los derechos que garantiza esta Constitución a los habitantes de la República.

III. Dar a ninguna ley que no sea puramente declaratoria, efecto retroactivo, o que tenga lugar directa ni indirectamente en casos anteriores a su publicación.

IV. Delegar sus atribuciones, ni dispensar la observancia de la Constitución.

Artículo 82. Sólo en el caso de que la seguridad y conservación de la República lo exijan imperiosamente, podrá el Congreso conceder facultades extraordinarias al Presidente, y esto no lo hará sino en los casos, con los requisitos y restricciones siguientes:

I. Que sean acordadas por el voto de las dos terceras partes de los individuos de ambas Cámaras, y en revisión las tres cuartas.

II. Que se concedan por tiempo muy limitado, a reserva de prorrogarse si conviniere, que sólo se extienda su ejercicio a determinados territorios.

III. Que sean las muy precisas para llenar su objeto, según las circunstancias, especificándose y enumerándose en el decreto de su concesión las únicas facultades legislativas que se conceden, sin que en caso alguno pueda ejercer el Presidente las no concedidas, y debiéndose tener por de ningún valor ni efecto cuanto en virtud de éstas se hiciere.

IV. Que sólo se concedan en los casos de invasión extranjera, para cuya represión no basten las facultades ordinarias.

V. Que las que se concedan al Presidente, relativas a las garantías individuales, no puedan extenderse a más que a detener a las personas por el tiempo absolutamente necesario para asegurar el orden público, y sólo cuando contra el detenido obren indicios de que ha intentado o intentaba perturbarlo.

VI. Que en todos los casos de detención se dé previamente la orden por escrito, y las personas sean consideradas como rigurosamente detenidas en cuanto al tratamiento y local de su detención.

VII. Que las autoridades o funcionarios a quienes el gobierno cometa la ejecución de sus mandatos, sean directamente responsables por el abuso que de ellos hicieren, por los excesos en que incurran, y por la ejecución misma de las órdenes que diere el Gobierno excediéndose de sus facultades, o mandando un atentado, si en tales casos el ejecutor de ellas no cumpliese con lo prevenido en los artículos 173 y 174.

VIII. Que el Gobierno responda de sus actos y del uso que hubiere hecho de las facultades extraordinarias, dando cuenta al Congreso, cuando éste lo disponga.

De las facultades económicas de ambas Cámaras, prerrogativas y restricciones de sus individuos

Artículo 83. Cada una de las Cámaras puede sin intervención de la otra:

I. Tomar resoluciones que no pasen de económicas, relativas al local de sus sesiones, al mejor arreglo de sus secretarías y demás oficinas anexas; al número, nombramiento y dotación de sus empleados, y a todo su gobierno puramente interior.

II. Comunicarse con el Gobierno y entre sí, por escrito o por medio de comisiones de su seno.

III. Compeler a sus miembros respectivos al desempeño de sus deberes, y resolver sobre las faltas que cometan en razón de su oficio.

IV. Calificar las elecciones de sus respectivos miembros en el mismo año en que se verifiquen, limitándose a examinar si en los electos concurren los requisitos constitucionales, con vista de sus credenciales y demás documentos que deben acompañarlas.

Cámara de Diputados

Artículo 84. Toca exclusivamente a esta Cámara:

I. Vigilar por medio de una comisión inspectora de su seno, el exacto desempeño de la Contaduría Mayor y de las oficinas generales de Hacienda.

II. Nombrar los jefes y empleados de la Contaduría Mayor.

III. Confirmar los nombramientos que haya hecho el Gobierno para primeros jefes de las oficinas generales de Hacienda y de las aduanas marítimas.

IV. Erigirse en Gran jurado para entender en los expedientes que se instruyan sobre delitos comunes y oficiales de los Secretarios del despacho, senadores, ministros de la Suprema Corte de justicia y de la Marcial, o contadores de Hacienda; y de los delitos que cometan los Ministros y Enviados diplomáticos, los gobernadores de los Departamentos y ministros del tribunal que ha de juzgar a la Corte de justicia, para el efecto de declarar si ha o no lugar a la formación de causa.

V. Nombrar a los individuos que deben juzgar a la Corte de justicia, escogiéndolos de entre los letrados que no ejerzan especie alguna de jurisdicción y que reúnan las mismas calidades que los ministros de la Corte.

Cámara de Senadores

Artículo 85. Toca a esta Cámara exclusivamente:

I. Aprobar los nombramientos que haga el Poder Ejecutivo para Ministros y Enviados diplomáticos, cónsules, coroneles y demás oficiales superiores del Ejército permanente, de la Armada y de la milicia activa.

II. Erigirse en Gran Jurado para entender en los expedientes que se instruyan sobre delitos comunes y oficiales de los diputados, para declarar si ha o no lugar a la formación de causa.

III. Transferir la instalación del Congreso, en el único caso de que no se encuentre reunida la mayoría de los individuos que lo componen en el día en que debe verificarse. Esta declaración se hará por formal decreto que se pasará al Presidente para su publicación.

IV. Citar en los recesos a la Cámara de Diputados a sesiones particulares, para que se erija en Gran Jurado, o cuando lo exija con urgencia el desempeño de alguna de sus atribuciones privativas, o el de las que se conceden al Congreso en Cámaras reunidas.

V. Dar o negar a los individuos del Congreso durante sus recesos, licencias para ausentarse por un tiempo limitado.

VI. Ejercer durante los recesos del Congreso, y sólo cuando la urgencia del caso no dé lugar para reunirlo, las facultades que a éste se conceden por las fracciones IV y XVI del artículo 79, limitándose en el ejercicio de ellas a lo muy estrictamente necesario para proveer a la necesidad del momento.

Las resoluciones que dictare el Senado, ejerciendo las facultades reservadas al Congreso, deben aprobarse por las dos terceras partes de sus individuos presentes, expedirse y publicarse por formal decreto, y convocarse en él mismo al Cuerpo Legislativo a sesiones extraordinarias, sujetándose lo decretado a su aprobación.

Cámaras reunidas

Artículo 86. Los diputados y senadores se reunirán en una sola Cámara:

I. Para erigirse en Gran Jurado y declarar si ha o no lugar a la formación de causa, en las que se instruyan contra el Presidente de la República.

II. Para el mismo efecto cuando se exija la responsabilidad a toda la Corte de justicia o al Ministerio.

III. Para ejercer la atribución que le concede la fracción XXXI del artículo 79. IV. En la apertura y clausura de las sesiones.

Artículo 87. Luego que haya cerrándose la discusión, se dividirán las Cámaras, y los diputados y senadores se retirarán a sus salones respectivos, para votar en ellos separadamente. No habrá resolución sin el voto conforme de las dos terceras partes de los individuos presentes en cada Cámara.

Artículo 88. Las resoluciones que dictare el Congreso reunidas sus Cámaras, serán publicadas por el Presidente de la República como ley o decreto. Prerrogativas y restricciones

Artículo 89. Son prerrogativas comunes a los diputados y senadores:

I. Ser inviolables para las opiniones que viertan y votos que emitan en desempeño de sus encargos, de suerte que en ningún tiempo ni por autoridad alguna, sea cual fuere, puedan ser reconvenidos ni molestados por ellas, so pena de ser castigados los infractores como si atentaran contra el Poder Legislativo.

II. No poder ser juzgados civil ni criminalmente por ninguna especie de delito, desde el día de su elección hasta dos meses después de terminado su encargo, sino por la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 90. Los diputados y senadores no pueden:

I. Obtener sin permiso de su Cámara respectiva, empleo, comisión, ascenso ni pensión de provisión del Gobierno, si no es que le toque por escala rigurosa, establecida por la ley. En el caso de que la Cámara conceda el permiso, cesará el interesado por el mismo hecho, en el ejercicio de sus funciones.

II. Funcionar en ningún otro encargo ni empleo públicos.

Artículo 91. Los diputados y senadores que no se presentaren a desempeñar su encargo en el término que su respectiva Cámara les señale, previa la calificación de su excusa, o que permanecieren ausentes de aquélla, sin licencia, no gozarán de las prerrogativas que les concede esta Constitución, y quedarán, además, sujetos a las penas que les impongan las leyes.

TITULO IV
Del Supremo Poder Ejecutivo

Artículo 92. El ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un Magistrado que se denominará Presidente de la República. Durará cinco años.

Artículo 93. Para ser Presidente se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento, y tener cuarenta años cumplidos de edad al tiempo de la elección.

II. Pertenecer al estado secular.

III. No haber sido procesado por delito alguno, ni condenado judicialmente, según las formas, a una pena corporal, aunque no la haya sufrido.

De las obligaciones, atribuciones y restricciones del Presidente

Artículo 94. Son obligaciones del Presidente, guardar la Constitución y las leyes de la República, y hacerlas guardar por toda clase de personas, sin distinción alguna.

Atribuciones

Artículo 95. Corresponde al Presidente de la República:

I. Publicar y circular las leyes y decretos del Congreso nacional y del Senado en su caso.

II. Expedir con sujeción a las leyes, las órdenes y decretos que juzgue convenientes para la mejor administración pública en los ramos de su incumbencia, y dar con acuerdo del Consejo los reglamentos necesarios para el cumplimiento de las leyes y decretos.

III. Pedir al Senado que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias.

IV. Nombrar y remover libremente a los Secretarios del despacho.

V. Nombrar a los empleados y funcionarios públicos del resorte de los Poderes generales, cuyo nombramiento le corresponda por la Constitución y las leyes, con sujeción a lo que ellas mismas establezcan.

VI. Suspender de sus empleos y privar de la mitad de su sueldo hasta por tres meses, a los empleados de su nombramiento que falten al desempeño de sus obligaciones, sin perjuicio de ponerlos a disposición de los tribunales competentes con los datos necesarios, cuando éstos presten mérito para un proceso, o en el caso de reincidencia.

VII. Dar jubilaciones, retiros, conceder licencias y pensiones con arreglo a lo que dispongan las leyes.

VIII. Cuidar de que se administre pronta justicia por los tribunales, dirigiéndoles excitativas; mas cuando éstas fueren ineficaces, podrá pedirles informes justificados sobre la sustanciación de los juicios, para el solo efecto de reconocer si ha habido negligencia en la observancia de los términos legales y culpabilidad en el lapso de ellos.

IX. Imponer multas a los que desobedecieren sus órdenes o les faltaren al respeto debido, arreglándose a lo que dispongan las leyes.

X. Cuidar de la exactitud legal en la fabricación de la moneda.

XI. Cuidar de la recaudación e inversión de las rentas generales, distribuyéndolas en el modo y forma que dispongan las leyes.

XII. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tregua y neutralidad armada, sujetándolos a la aprobación del Congreso antes de su ratificación.

XIII. Recibir Ministros y demás Enviados extranjeros.

XIV. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica, arreglándose a las instrucciones que le diere el Congreso, conservando siempre ilesos los derechos inherentes a la soberanía nacional.